Cada
día estoy más decepcionada con la Justicia. A decir verdad, no es
que esté decepcionada con la Justicia sino con la sociedad que, con
tantos medios a su alcance y tras tantos siglos creando normas y
leyes para organizar la convivencia social, cada día parece alejarse
más del verdadero significado de tan hermosa palabra.
Cuando
empiezas a estudiar Derecho, de los primeros conceptos que debes
entender es que: “no es lo mismo lo justo que lo legal”.
Esto
viene a significar, en pocas palabras, que pueden ser legales enormes
injusticias. Basta con que hayan sido promulgadas determinadas leyes
que regulen determinados comportamientos, para que lo que dichas
leyes dictaminen, sea lo legal. Sin embargo, cómo, quién, por qué
o para qué, se hayan promulgado dichas leyes, no tiene la menor
importancia; tanto da si han sido promulgadas por un dictador, como
que lo hayan sido por un Parlamento elegido mediante un determinado
procedimiento electoral.
Así,
por poner tan sólo un ejemplo, un señor feudal, en un determinado
momento de la Historia y en un determinado territorio, tenía derecho
a pasar la noche de boda con la recién desposada por uno de sus
súbditos y era perfectamente legal. Por absurdo que hoy en día
parezca, seguro que muchos de aquellos súbditos, en aquel momento
histórico, hasta lo considerarían ¡un honor!, por más que
-imagino- algunos de ellos no pudiesen por menos que “morderse los
huevos” mientras el señor feudal consumaba la barbarie, soñando,
quizá, con que algún día aquello habría de terminar. Otros,
probablemente la mayoría, educados en esa legalidad, lo aceptarían
con la misma resignación con que se acepta que la muerte, más tarde
o más temprano, tiene que llegar; o cómo se acepta hoy en día que
el trabajo, lo crea el capital.
No
voy a entrar en conceptos jurídicos ni económicos ¡vade retro
Satanás!. La mayoría, tengo la sensación de que se crean, se
estudian y se interpretan precisamente para que por encima de la Justicia, que es el fin, prevalezca el Derecho, que es la ciencia o
la herramienta que debería conducirnos a ella. Y creo también que
hay quienes han descubierto que, cuanto menos entendamos el Derecho,
más fácil es para los que pretenden acaparar el poder, cometer
injusticias, máxime cuando el desconocimiento de la ley no exime de
su cumplimiento y cuando ellos tienen todo el dinero a su alcance para pagar a quien les pueda defender o a quien lo sepa o pueda interpretar o manipular de la forma que más conviene a sus intereses.
Lo
que sí tengo claro es que, por más que intentes entender una ley,
nunca dice lo que textual o literalmente dice ni lo que, en buena
lógica y por sentido común, deberíamos entender. Lo que realmente
dice es lo que durante un tiempo, una serie de estudiosos y
de prácticos del derecho han decidido que es lo que, a día de hoy,
hay que interpretar; tanto da si a base de jurisprudencia o de disciplina académica.
Así,
muchas veces, algunos artículos de aquella Constitución con la que
tanto se llenan la boca y a la que tanta legitimidad le confiere que
la mayoría la votó, -y la debieron votar desde el sentido común,
claro está-, en el momento actual, no son ya ni sombra de lo que
entonces pretendieron ser o de lo que, los que la votaron, pudieron
entender.
O
al menos, eso es lo que creo yo a la vista de lo que parece quedar del espíritu de la Constitución. Y así lo siento, cada vez que
alguno de nuestros parlamentarios o incluso nuestro Presidente del
Gobierno, se llena la boca de legalidad.
Porque,
a día de la fecha, las auténticas preguntas son: ¿Qué ha quedado
del derecho a la igualdad, cuando desde el nacimiento unos nacen
desprotegidos de todo y otros nacen rodeados de todo tipo de
parabienes, si el Estado supedita los derechos a la capacidad
económica de las personas y no a sus necesidades?; ¿qué ha quedado
del derecho al trabajo en condiciones dignas en un país donde hay un
25 % de paro y las condiciones laborales se fijan para que, para
comer, no haya otra opción que tragar las condiciones laborales que
exigen los empresarios y que el Gobierno viste de una nueva
legalidad?; ¿dónde la libertad de expresión, de manifestación y
de reunión pacífica y sin armas?; ¿dónde el derecho a la
información veraz cuando los gobiernos tienen la supremacía y el
control de las televisiones públicas -y hacen de su capa un sayo- y
las televisiones privadas se mueven por índices de audiencia y por
los intereses de quienes las financian, haciendo caso omiso de la
verdad?; ¿dónde el derecho a una vivienda digna, si cuando no
tienes trabajo -porque no lo hay al menos de forma legal- te pueden
echar a la calle, sin importarle al Estado si tu familia tiene que
irse a vivir debajo de un puente o de la caridad, siempre que la
Banca gane o gane el interés particular frente al general?; ¿dónde
el derecho a la asistencia sanitaria, cuando hay enfermos que no
tienen ni para las medicinas que ahora deben pagar para vivir con un
poco de dignidad?; ¿dónde el derecho a recibir una educación
pública y gratuita de calidad si se desvía el dinero público a
empresas privadas porque dicen que son las que elige la mayoría? y no me extraña viendo lo que están dejando de nuestros orgullosos colegios públicos;
¿dónde los servicios sociales?; ¿qué pasa con nuestros ancianos o
con nuestros dependientes?; ¿qué queda de la protección social si
cada vez que quieren dar gusto a las exigencias de Europa, es lo
primero que gustan en recortar y son incontables -y hasta inhumanos a
veces- los millones de euros y los derechos que han recortado ya?;
etc. etc.
En
resumen, que se promulgó una Constitución que definía a España
como un Estado social y democrático de Derecho y a día de hoy, el
Estado se resquebraja bajo la sombra de la corrupción sin que
ninguno de los responsables, se considere responsable de nada ni
tenga la decencia de dimitir en tanto no haya sido condenado por sentencia, ni siquiera aun cuando las incontables evidencias, cuando menos de connivencia, harían dimitir al Presidente
del Gobierno más indigno de cualquier país que se considere democrático; la democracia hace aguas bajo la sombra de un supuesto
pluralismo político en el que los dos partidos principales se
aliarían, aunque tuvieran que vender su alma al diablo, para no
perder sus cotas de poder y donde las leyes parecen permitir -que yo no lo creo- que se gobierne por Real Decreto, sin
diálogo, sin consenso y con la única legitimidad de una mayoría
absoluta que lejos de ser democrática, se usa para imponer leyes,
injustas o no, al más puro estilo dictatorial; Y ¿social? ¿Alguien
a estas alturas cree que este país en que vivimos es un Estado
social?. No puede ser social un Estado en el que hay que pagar hasta
por respirar y dónde hay muchos millones de personas que no tienen
para vivir, por lo que mucho menos van a tener para pagar.
En
un Estado social, quienes se postulan para acceder a ser ejecutores y
gestores del dinero público, no se llenan la boca diciendo que la mejor
gestión es la gestión privada; no al menos sin que se les caiga la
cara de vergüenza al suelo por reconocer que se han presentado y han sido elegidos para
eso pero que los otros, los que no se han presentado ni han sido elegidos porque no representan al Estado sino a sus propios intereses, lo harán mejor que ellos porque ellos son unos inútiles e incapaces de gestionar en beneficio de la sociedad.
Eso
sí, ¡cobrar del erario público, eso sí que saben! Y agarrarse a
los asientos cuál garrapatas a chuparle la sangre a la sociedad para
entregárselo a esos maravillosos bancos que, ¡tan bien han sabido
gestionar las manos privadas!, que algunos de ellos han tenido que
ser rescatados con dinero público después de que sus altos cargos
hayan cobrado sueldos de escándalo y se hayan asegurado pensiones de
escándalo también; a esas maravillosas empresas privadas a las que
luego se van y que les pagan desorbitados sueldos de consejeros, no
por ser buenos gestores, -que a la vista está que si no saben
gestionar lo público, no lo son- sino, no se sabe muy bien si por
los consejos que pueden facilitar desde su conocimiento de
informaciones privilegiadas o en pago por los favores recibidos
mientras tenían la potestad de legislar; a esas solidarias empresas que lejos de repercutir sus beneficios en su propio país, lo invierten en países donde haya todavía otros más necesitados que trabajen por menos y les hagan enriquecerse aun más.
Y
-además de en esas maravillosas empresas privadas
que los contratan por ser vos quien sois y en pago a los favores recibidos- saben también colocar a
sus familiares y amigos -muchos de ellos, seguro que incapaces de
aprobar una oposición- en importantes puestos de responsabilidad
-con sueldos de escándalo también- como asesores, o como asesores
de asesores que necesitan más asesores, porque es lo que tiene no
saber hacer la “o” con un canuto.
Pues
no, señores, yo no veo un Estado social. Yo lo que cada día veo
más, es un chiringuito en venta. Y a la ciudadanía, cada vez más
empobrecida, indefensa y ninguneada en favor de unos poderes
económicos, que, por otra parte, ni siquiera están escritos en
nuestra Constitución. Más bien creo que en lo que están
convirtiendo este Estado social, es en un mercadillo. Y lo peor de
todo es que la mercancía, son las necesidades y la miseria de la
mayoría de la sociedad.
Claro
que, de lo que cada día me convenzo más, es de que el Derecho, y
con él la Justicia, se ha convertido en patrimonio de los que viven
y se enriquecen de él. Y tanto me da si son abogados, jueces,
funcionarios, empresarios, banqueros, parlamentarios, alcaldes o
concejales. Porque en esta sociedad, cada día hay más leyes y cada
día más injusticias. El derecho de pernada es hoy en día, el
derecho que tienen los que detentan el poder, básicamente económico,
de someter a sus súbditos mediante las leyes -que promulga a su
dictado una clase política con la que comparte no pocos intereses- y
que legaliza el abuso y la injusticia de forma que ni unos ni otros
tengan nunca que responder por ello.
Como
soy muy simple, si me preguntaseis cuál es el motivo, os diría que
la vocación.
Me
explico.
¡Qué
pocos son hoy en día los que eligen una carrera o un trabajo por
vocación! ¡Qué pocos los que aunque quisieran, podrían hacerlo!
Porque
vivimos en una sociedad en la que se nos ha enseñado que lo
importante es la competitividad; que cuanto más tienes, más vales;
que nadie regala nada; que todo tiene un precio; que el que es bueno,
es tonto; que si no robas tu, otro lo hará; que lo importante es
cuánto puedas comprar o pagar; que lo importante es producir y vender más barato que otros, a costa de lo que sea, incluso de la dignidad; y
tantas y tantas máximas que están conduciendo a este mundo a una
espiral sin fin; o que no augura un buen final, que aun es peor.
Por
eso es por lo que quedan pocos políticos con vocación de servicio
público. Por eso es por lo que hay pocos jueces, pocos fiscales y
pocos abogados con vocación de Justicia. Por eso es por lo que hay
pocos empresarios con vocación de conformarse con vivir, más que dignamente, lujosamente, y crear al mismo tiempo empleos dignos. Por eso es por lo que los
parlamentarios, sometidos a disciplina, votan las leyes que votan y creo que por eso también, es por lo que los ciudadanos votan a los partidos políticos
que votan.
Y
por eso hay quienes ganando cientos de miles de euros, algunos
incluso millones, creerían que es justo que otros no percibieran ni
un sólo euro de esta sociedad.
Porque
en este mundo se está olvidando lo que significa vivir en sociedad.
Sólo nos importa lo que yo puedo ganar y que cuanto más gane y más
tenga, mayor éxito habré tenido en esta vida y más orgulloso me
habré de sentir. Porque los que no consiguen el mismo éxito que yo,
no es porque hayan tenido más dificultades o peor suerte a la hora
de nacer, sino porque son más tontos, más vagos o más inútiles
que yo. Y por eso, los que se han criado en buenas familias, los que
han tenido más fácil acceder a los puestos en los que ahora tienen
la capacidad de decisión, son incapaces de entender lo que se siente
cuando no se tiene un plato caliente que llevar a tu mesa.
Y por eso, muy pocos entienden ya lo necesaria que es la solidaridad.
Y
me vais a perdonar pero creo que para llegar a esos puestos de
decisión, en muchos casos, han tenido que esconder la conciencia
debajo de la alfombra, pues los méritos, no han sido por la
capacidad de servicio, sino por la capacidad de trepar por encima de
valores o de ideales, con tal de llegar a lo más alto en esta
sociedad. Y una vez olvidada debajo de la alfombra la conciencia,
tanto da legislar en beneficio propio y de los de nuestra misma
condición, que robar, estafar, malversar, evadir, mentir o
manipular.
Es
así como funciona: “si no lo hiciera yo, lo haría otro y yo sólo
soy uno más y sin duda, los hay peores que yo, así que yo, hasta
soy de los buenos”. Esa parece ser nuestra forma política de
pensar y, lo que es peor, cada día también parece más nuestra
forma social de actuar.
Pero
no quería hoy hacer un llamado a los políticos que tienen en este momento el poder de decisión, sino a la gente del Derecho y a su
vocación, si es que todavía hay a quienes les queda, que me consta
que sí.
Volved
a leer la Constitución con la mente limpia de manipulación por
sentencias, interpretaciones y malversaciones de las recientes
recetas económicas y políticas sobre la crisis y la austeridad y,
con la mano en el corazón, pensad si algún día quisisteis estudiar
Derecho para poder ganar mucho dinero o porque creíais en que la Justicia era importante y necesaria en esta sociedad; porque creíais
en que la Justicia tenía que ser justa -valga la redundancia- y en
sí, en algún momento, pensasteis si podíais o teníais algo que
aportar.
La
división de poderes, ni en la Constitución ni en su origen, fue
pensada para que el Poder Judicial certificase los abusos del Poder
Legislativo y del Poder Ejecutivo, que merced a las leyes que
promulgan a su conveniencia, bastante confundidos están ya. Fue
pensada para que la Justicia controlase a los otros poderes y
estuviese, incluso, por encima de ellos y eso, no está pasando.
Muchos
jueces y tribunales están justificando sus tropelías en que se
limitan a aplicar las leyes pero los que hemos estudiado Derecho,
sabemos que eso, no es exactamente verdad. La potestad jurisdiccional
lleva implícita una capacidad de fuerza y no sólo el poder, sino
también el derecho y el deber de que la justicia prevalezca por
encima de la legalidad, de forma que las leyes, manifiestamente
injustas e inconstitucionales, no se puedan ni se deban aplicar. Y si
no es así, deberíamos empezar a pensar que tal vez fuese así como
debiera ser para ponerle coto a este Poder Legislativo. que cada día
es menos representante de nuestra soberanía nacional, y más de unos
intereses a los que ésta, poco o nada interesa si no la pueden
dirigir y manipular.
Esta
política que legisla y gobierna, va ahora a por la justicia gratuita
pero esto sólo es un ataque más que a los más desprotegidos, les
desprotege todavía un poco más.
Los
abogados han salido a la calle y no quisiera pensar en que es porque
les han tocado el bolsillo y su supervivencia laboral. Quiero pensar
que es porque están entendiendo cuál es el objetivo que persigue el
sistema actual que cada día se aleja más de la Justicia,
especialmente de la Justicia Social, y al que sólo interesa que una
élite privilegiada pueda apoderarse de la supervivencia del resto de
la sociedad.
Muchos
juristas forman parte de esa élite pero el resto, los juristas por
vocación, ha llegado el momento de que ejerzan su responsabilidad y
decidan si están de parte del Derecho, injusto o no, o de parte de
la Justicia.
Muchos
jueces, en su potestad de interpretar, pueden condenar a las víctimas
o a los verdugos y a día de hoy, es claro que los verdugos se sirven
de la ley para salir impunes y también para condenar a las víctimas.
La
mayoría de la humanidad, os necesitamos de nuestro lado.
Una
vez más, entre todos, tenemos que luchar unidos para poder terminar,
de una vez por todas, con todos los derechos de pernada.