HECHA LA LEY, HECHA LA TRAMPA

Hace algún tiempo, por circunstancias de la vida -que no por vocación- tuve contacto con el Derecho. A decir verdad, lo estudié durante algunos años en la Universidad a Distancia. Fue una época dura. Empecé dichos estudios coincidiendo con los primeros años de vida de mis hijas, a cuyo cuidado dedicaba la mayor parte del tiempo libre que el trabajo me dejaba, pero, por aquel entonces, podía más el afán de superación y la consecución de un objetivo, que mi propio bienestar. Así que, le robaba horas al sueño para preparar los exámenes de las pocas asignaturas a las que podía enfrentarme. Por supuesto, de asistir a clases, nada de nada. Ese debió ser el motivo por el que, a pesar de haber superado no pocos exámenes, llego hoy a la conclusión de que no debí entender prácticamente nada.

Gracias a todas aquellas asignaturas que me vi obligada a estudiar para intentar obtener la titulación, aprendí un poco de todo. Lógicamente no me hice experta en casi nada pero si creí haber captado, al menos, el sentido del Derecho y de la Justicia. Sin embargo, analizo hoy en día la actualidad y lo que está pasando y, a pesar de estar casi todo relacionado con aquello que estudié, no veo, en la España que hoy en día se dibuja, ni sombra de lo que interpreté.

Aprendí aquello de que la soberanía reside en el pueblo y creí entenderlo. La ejercitábamos por medio de representantes elegidos en las urnas pero siempre di por supuesto que la honradez de aquellos que, voluntariamente, se presentaban para llevar a efecto esa representación, debía estar en todo momento fuera de cualquier duda y que los programas electorales, en base a los cuales se solicitaba la confianza, se hacían para cumplirlos y no única y exclusivamente para obtener el poder. Entendí que las mayorías absolutas eran el resultado de la elección de una determinada propuesta por una gran mayoría de electores pero en ningún momento imaginé que podían ser utilizadas para cambiar precisamente el sentido del programa electoral tan pronto se accedía el poder, traicionando a propios y ajenos sin que nada pueda hacerse frente a ello, y mucho menos para ignorar absolutamente a los votantes y a los representantes de quienes no elegían esa opción. Y sí, todo eso estamos viviendo y mucho más.

Reconozco que, a simple vista, la Constitución me pareció una herramienta útil de convivencia social y democrática. No era perfecta cuando se aprobó -tampoco las circunstancias históricas eran las más favorables - pero, de su espíritu, podía claramente deducirse el objetivo de consecución de la paz, la igualdad y la justicia social, así como de participación activa de la ciudadanía en la vida política y en las decisiones que directamente les afectaban (no en vano, España se define en nuestra Constitución como un Estado Social y Democrático de Derecho).

Sin embargo, el desarrollo de la Constitución y el desarrollo de las leyes de desarrollo de la Constitución; la introducción de la Legislación Autonómica y de los Tratados Internacionales; la entrada en la Unión Europea y la consecuente cesión de soberanía a sus Instituciones; los avances tecnológicos y sociales; los cambios en las “necesidades” de la sociedad actual; la jurisprudencia y ya, para colmo, la introducción de la nueva ideología neoliberal, han ido desdibujando la limpieza y sencillez de aquella primera redacción, de tal forma que hoy, y los entendidos bien lo saben, del espíritu de muchos de aquellos artículos, apenas queda nada, por no decir que alguno de ellos, ha sido prácticamente abolido a golpe de Real Decreto, a merced del interés económico de una minoría que es la que, efectivamente, actualmente detenta el verdadero poder.

Lo cierto es que cuando empezó la crisis y observaba lo que estaban haciendo con nuestros más básicos y primigenios derechos constitucionales y que el hecho de que estuvieran escritos en la Constitución, no servía para nada, me hizo sentir terriblemente impotente. Así, cuando me sentaba a estudiar, cada vez que leía lo que una ley decía y como, finalmente -a golpe de jurisprudencia, de discurso político o de sensacionalismo- se interpretaba, me entraban unas ganas enormes de llorar. No obstante, me resistía a perder la fe en la justicia.

He de confesar que no hace mucho que abandoné aquellos estudios por determinados motivos -entre otros, porque me costaba aceptar que en este mundo, especialmente en este país que es el que conozco y al que pertenezco, la justicia funcionara de forma tan lejana a lo que mis principios me inspiraban-. Para entonces, ya me había dado cuenta de que no eran “culpables” aquellos que habían infringido las leyes, sino aquellos que no tenían los medios suficientes para pagar a los mejores especialistas en encontrar los vericuetos, subterfugios y vacíos legales necesarios para conseguir que no pudiese demostrarse su culpabilidad. Y esos eran, habitualmente -como no- los más ricos y los más poderosos, como siempre. Pena me da pensar en todos aquellos inocentes que, por la misma regla de tres, no pueden demostrar su inocencia o su razón.

Con esto no quiero decir que ninguno de los culpables ricos va a la cárcel ni que ninguno de los que no poseen medios se libra de la justicia, simplemente quiero decir que, bajo mi punto de vista, lo que en nuestra Constitución es uno de los pilares básicos, lo de que todos somos iguales ante la ley, no es más que una mentira más; de la misma forma que las leyes, también terminan no siendo iguales para todos.

Y lo peor de todo es que esas leyes que nos vemos obligados a cumplir, no se hacen para que los ciudadanos las entiendan. El Derecho, no está al alcance de cualquiera sino tan sólo de aquellos que se especializan. ¡Qué difícil es que leyendo una ley tengamos la seguridad de cuáles son nuestros derechos y obligaciones o qué cosas podemos, o no, hacer sin atentar a la legalidad!. Pero de la misma forma que el desconocimiento de la ley, no exime de su cumplimiento, tampoco facilita el acceso a los derechos de quienes carecen de tal conocimiento mientras sí pueden ser privados fácilmente de los mismos sin ser ni siquiera conscientes de ello. Todo esto nos deja, a la gran mayoría ciudadana, a merced de aquellos que se han especializado en sacar de las leyes el máximo beneficio a favor de sus intereses, ya sea desde el poder ejecutivo o desde el legislativo, poderes, por otro lado, cada día menos independientes.

Nos quedaba el tercer poder, el judicial, para sentirnos un poco amparados pero, ¡cual es mi sorpresa cuando leo en la prensa que el PRESIDENTE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, el Presidente del Órgano Supremo de defensa de los valores constitucionales, es afiliado del Partido Popular! (conste que lo mismo me habría dado que lo fuese de cualquier otro partido político) ¿Dónde queda la independencia judicial?. Cierto, todos, a estas alturas, lo sabemos ya. Tampoco existe. Pero al menos debería quedar algo de honor, que tampoco.

Y no me sirve que los jurídicos hablen de no sé qué interpretación porque la Constitución, a ese respecto, no puede ser más clara:

Art. 127 de la Constitución: 1. Los Jueces y Magistrados así como los Fiscales, mientras se hallen en activo, no podrán desempeñar otros cargos públicos, ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos. La ley establecerá el sistema y modalidades de asociación profesional de los Jueces, Magistrados y Fiscales.

¿En qué cabeza cabe que un Juez o un Magistrado no pueda pertenecer a un partido político pero que quienes, con el nombre de Jueces y Magistrados de la máxima institución, han sido nombrados para defender los valores de la Constitución, sí puedan estar afiliados a un Partido Político?

Y sí, conozco el art. 159.4. La condición de miembro del Tribunal Constitucional es incompatible: con todo mandato representativo; con los cargos políticos o administrativos; con el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un sindicato y con el empleo al servicio de los mismos; con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal, y con cualquier actividad profesional o mercantil.

En lo demás, los miembros del Tribunal Constitucional tendrán las incompatibilidades propias de los miembros del poder judicial.

No sé si se pueden ejercer funciones directivas en un partido político sin estar afiliado pero lo que me parecería absolutamente intolerable es que los miembros del Tribunal Constitucional, sí pudieran pertenecer a un partido político quedando a salvo de la “imparcialidad”, porque dejaría absolutamente claro que no se trata de un Tribunal, sino de un Órgano más al servicio de los poderes ejecutivo y legislativo.

Así, en mi ignorancia, me explico todo lo que está pasando con la Constitución.

¡Qué sabia aquella antigua frase que dice: Hecha la Ley, hecha la trampa!

Y si se permite que esto sea así, además de pedir la dimisión del Gobierno y el adelanto electoral, no me queda otra que pedir, también, la posterior reforma de la Constitución si queremos de verdad ostentar la soberanía que a golpe de legislación y de interpretación, cada día nos es, como el resto de derechos, más y más recortada.