NO PODRÁN EVITARNOS

Recuerdo aquellos días de febrero del año 2012, apenas llegado al Gobierno el Partido Popular, cuando ya empezaba a vislumbrarse que todas aquellas promesas electorales habían servido, única y exclusivamente, para obtener el poder, para más “INRI” -entre estúpido castigo e incauta abstención- con mayoría absoluta.

Recuerdo mi pacífica expectación, respetuosa como me gusta ser de la democracia, sobre como transcurriría aquella legislatura que acababa de comenzar. El Partido Popular había ganado, eso era un hecho, y en sus manos estaba el Gobierno de España. Habían prometido no tocar pensiones, sanidad ni educación y se habían erigido en el partido de los trabajadores, merced a su supuesta milagrosa capacidad de crear puestos de trabajo y calidad de vida. Debía pues aparcar mis recelos -creyéndoles como les creía herederos del régimen dictatorial- y dejarles trabajar. Al fin y al cabo, lo importante era remontar la terrible crisis que cada día se cebaba más con los millones de parados que, por entonces, ya eran muchos más de los que un país desarrollado se podía permitir.

Fue entonces cuando se despertó la primavera valenciana.

Lejos quedan ya en la memoria de los españoles -que por lo demás ha demostrado ser débil y a corto plazo- aquellos días en que, quienes vivíamos en Valencia, pudimos experimentar en primera persona, cómo tenía pensado conseguir sus objetivos el Partido Popular. Y eso que, por entonces, aun no habíamos percibido con tanta claridad como lo hacemos hoy en día, quienes iban a ser los verdaderos beneficiarios y las verdaderas víctimas de sus manejos políticos y económicos. Lo intuíamos, eso sí es verdad.

Cuando empezaron en Valencia las protestas, porque para entonces la ruina del Pais Valenciano era ya evidente y palpable; cuando empezaron a salir de los cajones las facturas pendientes de pago, ocultadas por el ayuntamiento y el gobierno autonómico; cuando empezaba a caerse la fantasía que habían creado a base de grandes construcciones y fastuosos eventos; cuando las farmacias tuvieron que dejar de suministrar medicamentos que no podían pagar por la deuda que la Consejería de Sanidad tenía con ellos; cuando profesores y alumnos de los colegios públicos -esto es niños de “primaria” de entre 4 y 12 años, y de ESO, de entre 12 y 16- salieron a la calle en el Colegio Luis Vives para que la sociedad fuese consciente de la situación económica real de las arcas de la Comunidad Valenciana, la Delegada del Gobierno, Dª Paula Sánchez de León, vistió a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado con sus mejores galas (chalecos antibalas, cascos, escudos, porras e incluso pelotas de goma) y envió sus hordas a la puerta del Colegio para sofocar tamaña insurrección.

Cierto es que por unos días la sociedad valenciana se convirtió en una sola voz pidiendo la dimisión de aquel cargo público, nombrado por el Gobierno, por semejante estupidez (por no llamarlo abuso de autoridad o cualquier otro término más ajustado a Derecho, que seguro existe). Y cierto que de nada sirvió que durante días, la ciudadanía, especialmente la juventud, se lanzase a las calles a pedir justicia para los apaleados y detenidos, para que nunca más tales despropósitos pudieran volver a repetirse en un país que se decía Estado social y democrático, donde los ciudadanos tenían derecho a manifestar cuál era la realidad que estaban viviendo.

Tan cierto como que el 99% de las protestas fueron absolutamente pacíficas; tanto, que la policía terminó custodiando las manifestaciones con sus normales atuendos de gorras con visera, una vez toda la prensa internacional -todo hay que decirlo- estuvo encima y pendiente de lo que en aquella primavera valenciana, estaba sucediendo en España; tan cierto como que la televisión autonómica, en manos desde hacía años del Partido Popular, silenció, manipuló y tergiversó a su antojo, como reconocen ahora que ya ni existen; tan cierto como que las fallas lograron acabar con aquella cremá, en el momento en que empezaron a aparecer sobre las calles de Valencia las primeras luces, las primeras churrerías y los primeros ninots.

A aquella solidaria manifestación popular de rechazo a la violencia gubernamental, que fue la única violencia que hubo, siguieron sanciones y juicios, la mayoría de ellos sobreseídos, pues en aquel momento, en el que todavía parecía respirarse un respeto por los derechos de los ciudadanos y por la democracia en este país, el gobierno no tenía legitimidad para hacer lo que pretendió hacer: acabar por la fuerza con cualquier resquicio de oposición al régimen “mayoría-absolutista” que pretendía implantar en este país.

Pero no es fácil silenciar a la ciudadanía, menos cuanto más oprimida se siente y cuanto menos tiene que perder. Los acontecimientos que han tenido lugar durante estos dos años, sobra relatarlos: desde la lucha anti-desahucios pasando por la defensa de una sanidad pública que pretenden regalar y el derecho a la Educación sin intromisiones políticas ni interesadas, hasta los sucesos en Gamonal, todos son ejemplos, como lo son todas y cada una de las medidas que ha ido tomando este Gobierno, con poder legítimo absoluto, si obviamos las mentiras que dijeron y las verdades que ocultaron para conseguirlo.

De aquellos barros, estos lodos. Hoy es la Ley de Seguridad Ciudadana la que con su supremacía parlamentaria, fruto de leyes de representación injustas e interesadas, pretende legalizar lo que hasta ahora es ilegal. 

Poco importa si dentro de unos años las aguas vuelven a su cauce y otro Tribunal Constitucional acaba dictaminando que todas las leyes que este Gobierno está promulgando no son constitucionales -desde luego que de conformidad con el espíritu inicial de la Constitución, bajo mi humilde opinión, no lo son-, porque a ellos no les importa nuestro futuro, probablemente ni siquiera el suyo, sino su presente. Y este pasa por acallar a todo aquel que pretenda sacar a la luz las vergüenzas de quienes ostentan el poder político o económico, que desgraciadamente, cada día está más próximo a ser lo mismo.

A día de hoy, la mayor parte de las protestas sociales son pacíficas y en nuestro país han descendido los delitos, con excepción de los robos en domicilios y me apuesto un dedo meñique a que no entran en las casas que tienen sofisticados sistemas de seguridad, sino en aquellas a las que es más fácil acceder y donde apenas hay qué robar.

Y ahora pensad: ¿de verdad esta Ley de Seguridad está ideada para protegernos a la mayoría de los ciudadanos, a los humildes, a los verdaderos desprotegidos por este sistema?

Mucho me temo que no.